Después de meses de incertidumbre, la aprobación con modificaciones en Segundo Trámite en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley relativo al Fortalecimiento a la Regionalización, que consideró el rechazo de nueve aspectos planteados en esta iniciativa -en su mayoría relacionados con limitar las facultades que poseen actualmente los consejeros regionales con la entrega de más atribuciones al Gobierno Central-, fue destacado ampliamente por Marcelo Carrasco, Presidente de ANCORE, que agradeció a los parlamentarios Fernando Meza, Jorge Rathgeb y Diego Paulsen, de La Araucanía, que ratificaron en su votación el apoyo al proceso de descentralización del país.
Carrasco, acompañado del Consejero Regional de La Araucanía, Julio Suazo, dijo que espera que los senadores aborden con altura de miras este proyecto. “Esperamos que con mayor detención y conocimiento puedan cambiar este mal proyecto que nosotros hemos venidos denunciando desde hace tiempo".
"Ahora la Cámara emitió el informe y esperamos que el Senado en los próximos días vean este proyecto, que no soluciona los problemas que tienen los habitantes de las regiones de Chile, y nosotros esperamos que a raíz de lo que hizo la Cámara de Diputados, el Gobierno también entienda que hay una mayoría de Chilenos, hay una mayoría de parlamentarios, de consejeros regionales, de alcaldes y concejales, que están esperando más poder para las comunas y más poder para las regiones", añadió el Presidente de ANCORE.
El dirigente señaló que como ANCORE esperan que las políticas nacionales no se impongan ante las políticas regionales, y dijo que en este contexto les interesa fortalecer la probidad de los gobiernos regionales, contando con una contraloría interna fuerte y potente, que dependa técnicamente de la Contraloría General de la Republica, que pueda fiscalizar todo acto administrativo tanto del Ejecutivo como del Consejo Regional.
PROYECTO
El proyecto, contenido en el Boletín Nº7963-06, que ingresó a primer trámite constitucional al Senado el 5 de octubre del 2011, comenzó a ser abordado en segundo trámite a la Cámara de Diputados el 14 de enero de 2014. Ahora, fue remitido mediante oficio al Senado, donde se considerarán las modificaciones realizadas.
En términos generales, esta iniciativa propone introducir en la Ley 19.175, un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado.
El objetivo de este Proyecto de Ley es reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración central; precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional y las del intendente; agregar funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; y regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.
RECHAZO
Entre los artículos rechazados por la Cámara, se encuentra una norma que le entregaba al Consejo Regional la distribución de los recursos del o los programas de inversión del Gobierno Regional.
Se rechazó además el texto que disponía que las funciones generales, de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural debían ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas nacionales y demás programas y procedimientos establecidos por los ministerios y servicios públicos a nivel central, en las distintas materias .
Respecto de las funciones del intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, se rechazó tanto la propuesta de la Cámara como la original del Senado (que eliminaba esta facultad), en torno a someter a consideración del Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional, que debía basarse en los lineamientos de la política nacional de desarrollo.
Asimismo, no se aprobó la facultad que se entregaba al intendente para asignar los recursos de inversión que se destinen en la región.
ANCORE
La Asociación Nacional de Consejeros Regionales, ANCORE, ha sostenido que no es posible que el 92% del presupuesto que se invierte en las regiones lo resuelva el Gobierno Central de turno, con su nueva autoridad designada, y que sólo el 8% sea resolución del Gobernador Regional y CORE, como se planteaba en este Proyecto de Ley.
“Por Ley somos órganos públicos colegiados, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del Gobiernos Regionales, encargados de hacer efectiva la participación de la ciudadanía y ejercer las atribuciones que la Ley nos encomienda, pero hoy, nuevamente, hemos debido alzar la voz, cansados de la discriminación, de los atropellos y de la relegación, porque se nos dispuso como órgano de elección popular sin reales facultades ni medios para cumplir dicha función”, planteó Marcelo Carrasco, Presidente de ANCORE. |